Permanencia de los organismos electorales

José Lumbreras García

El Sol de Tlaxcala, Pagina 8, martes 28 de Mayo de 2019

Para nadie es secreto que la democracia en nuestro país se ha ido consolidando muy lentamente, con el paso de las décadas, sobre todo en las tres últimas, con cada reforma constitucional, con cada reforma legal, con las experiencias que dejan los procesos electorales y más recientemente con cada sentencia de los organismos jurisdiccionales electorales.

Tampoco es desconocido que el sistema electoral mexicano ha crecido de manera directamente proporcional a la desconfianza en las leyes y en las instituciones, misma que, justificada e injustificadamente, se ha sembrado en cada oportunidad que han tenido quienes así les ha convenido.

A grandes males, grandes remedios, y como la desconfianza ha crecido, se han creado normas cada vez más completas y con previsiones más complejas, con nuevos y sofisticados procedimientos, con los que se trata de cubrir los espacios que puedan devenir en asideros para la violación de las normas y los principios democráticos.

Cuando una actividad humana se va haciendo especializada, siempre requiere que sea llevada a cabo por personas que se dediquen específicamente a ella, a fin de que sea desarrollada lo mejor posible. La actividad electoral en México no es la excepción.

En efecto, dada la complejidad del sistema electoral mexicano, éste requiere de instituciones conformadas por personal que, además de ser experta en la materia, sea técnicamente especializada en la misma. Hoy por hoy, la atención de los temas comiciales no puede resolverse con improvisación, como se hacía hace algunas décadas, en aquellos tiempos en que se acuñó el término de la “dictadura perfecta”. Ahora la competencia política es real y por ello las instituciones electorales deben tener la capacidad de enfrentar el reto que cada proceso electoral representa.

Ello, sin duda, implica que una base mínima del personal de las instituciones electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, deba tener permanencia, así como estabilidad laboral y profesional; a fin de que se puedan desahogar todos los aspectos que deben observarse para que la ciudadanía y los actores políticos puedan tener confianza y certeza de que la voluntad popular se reflejará en las urnas de manera efectiva.

Lo anterior siempre permite que quienes operan tan delicada actividad de la sociedad, tengan la imparcialidad que deben guardar; si no dependen de nadie, más que de sus méritos y sus conocimientos, serán garantía para los destinatarios de su actuar, en el sentido de que prevalecerá la voluntad de la mayoría.

Si no se tienen instituciones electorales con personal permanente, calificado y profesional, cada vez que se celebren elecciones, tanto ordinarias como extraordinarias, se tendrían que integrar los equipos de trabajo con las personas que en esos momentos estuvieran disponibles o que incluso en ese tiempo busquen una oportunidad de trabajo temporal. Probablemente hace 30 años, esto era posible, baste ver la normatividad electoral que aplicaba en esos entonces; pero ahora, para poder estar en condiciones de hacer frente a los retos electorales, es preciso mínimamente tener el dominio de leyes mucho más desarrolladas que en el pasado reciente, de procedimientos, de jurisprudencia, de variados lineamientos, criterios y costumbres que fuera de las instituciones también se conocen y, en ocasiones, se pretenden utilizar indebidamente. En pocas palabras, sin expertos ni profesionales no se puede.

Por ello, las instituciones electorales, han hecho todos los esfuerzos por formar y profesionalizar de mejor manera a su personal, lo cual, desde luego no ha sido gratis, sino que se va logrando con la inversión que el pueblo hace a través de sus impuestos, y que le ha resultado en tener uno de los mejores, más completos y eficientes sistemas electorales del mundo. Esto, no según ideas o conceptos de un servidor, sino de diversos reconocimientos de organismos internacionales.

A este interés y ánimo de formación se ha sumado gran cantidad de profesionales en México, sobre todo jóvenes, lo cual incluso se refleja en la academia. En décadas pasadas, el derecho electoral era una asignatura opcional, repasada por algunas y algunos cuantos que tenían interés en ello por alguna razón particular. Ahora, un gran número de universidades e instituciones públicas y privadas ofrecen variados cursos, diplomados y estudios de posgrado en materia electoral dado el interés de los profesionales en formarse en esta rama del derecho, sin duda la más dinámica de la actualidad en nuestro sistema jurídico.

Claramente, la materia y la actividad electoral han crecido y han rendido frutos a México. Hoy tenemos un sistema democrático, por supuesto perfectible, pero en el que la voluntad popular se manifiesta tangiblemente. Deber de todos y todas es no solo conservarlo, sino fomentarlo y fortalecerlo, pues atentar contra el mismo sería uno de los grandes retrocesos históricos.