La propuesta de reforma judicial
Miguel Nava Xochitiotzi
El Sol de Tlaxcala, Pagina 8, martes 3 de Marzo de 2020
El pasado mes de enero de este año, se anunció la propuesta de reforma estructural al sistema de procuración y administración de justicia, misma que se verá reflejada en diversas materias de nuestro ordenamiento jurídico, como lo es el Sistema de Justicia Penal, que surtirá efectos también en la administración de justicia electoral, pues destaca la última reforma al artículo 19 de la Constitución Federal, en la que se incluyó el delito electoral denominado “uso de programas sociales con fines electorales”.
Dicha reforma tiene como objetivo evitar que el dinero de los programas sociales, sea utilizado con fines electorales. De esta manera se podría lograr que en una contienda electoral las elecciones sean más jutas y se garantice la democracia, así como prevenir otras problemáticas.
Es preciso destacar, que estamos ante una reforma estructural con importantes aplicaciones en la vida democrática de nuestro país, toda vez que el tipo penal antes referido, al haber sido incluido al catálogo de los delitos que ameritan la prisión preventiva como medida cautelar de ultima ratio, es decir, que es el recurso extraordinario que garantizara que se cumpla con el debido desarrollo del procedimiento. Razón por la cual es evidente que el tema analizado tendrá resultados tangibles en nuestra materia.
Dicho de otro modo, se plantea la posibilidad de homologar la tipicidad y los agravantes, de todos los delitos pues como se advierte en la reforma que se realizó al artículo 19 Constitucional, el tipo penal “uso de programas sociales con fines electorales”, se agrega en la lista de delitos graves, por tanto, será equiparable a los delitos de enriquecimiento ilícito, delitos en materia de hidrocarburos, abuso y violencia sexual contra menores, feminicidio, robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada cometida por particulares y delitos contra la ley de armas de fuego, secuestro, homicidio, trata de personas entre otros .
Es decir, esta reforma estructural representa para nuestro país un cambio al marco institucional y regulatorio de gran trascendencia en el que opera el Sistema de Justicia y sin duda alguna, estas modificaciones además de garantizar el principio de legalidad en las elecciones en nuestro país, abonan directamente a la construcción de un estado democrático, en el que la participación ciudadana sea un derecho debidamente ejercido ya que se emplean diversos mecanismos, tangibles para su garantía.
Pues es obligación del Estado garantizar a los ciudadanos el acceso a las formas democráticas para intervenir y participar en la organización política, a través del ejercicio del voto, para manifestar la voluntad popular.