Libertad de expresión
Luis Manuel Muñoz Cuauhtle
Artículo publicado en la página 8 de El Sol de Tlaxcala el día 16 de junio de 2020
El pasado 7 de junio se conmemoró a la libertad de expresión que, como derecho fundamental comprende tanto el poder de expresar el pensamiento propio, como el de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole; garantiza el intercambio de ideas e informaciones; y, protege tanto la comunicación de la percepción propia como el de conocer las opiniones y noticias que los demás difunden.
Es una condición esencial para la formación de la opinión pública, la cual representa una forma en que el pueblo ejerce su soberanía y toma decisiones, razón por la cual, el Estado debe garantizar que ninguna persona sea víctima de un menoscabo arbitrario al ejercerlo.
Lo anterior revela la importancia que tiene este derecho en una democracia pues, por un lado, en las elecciones representa una prerrogativa esencial para el debate político que se proyecta como un instrumento de análisis tanto de plataformas políticas como de las candidaturas y, por otro, como una forma de control sobre el gobierno y sus acciones al favorecer respecto de ello, la investigación, la crítica, el análisis, la evaluación e, incluso, la exigencia social de que algo sea distinto.
Amnistía Internacional señala que es un derecho esencial para nuestra educación, para desarrollarnos como personas, ayudar a nuestras comunidades, acceder a la justicia y disfrutar de todos y cada uno de los derechos que prevé la Declaración Universal de los Derechos Humanos; en ese sentido, la libre expresión contribuye a hacer posible una sociedad justa y abierta, lo cual es una aspiración propia de todo sistema democrático que, como forma de gobierno, está llamado a poner en el centro de protección a las personas y sus derechos.
Ello, sin olvidar que, para lograr su objetivo en una sociedad que se diga inspirada en los derechos humanos, esta libertad encuentra sus límites en los deberes de respeto que su ejercicio implica, ya que, sería inaceptable considerar legítima la expresión de ideas cuando se dirijan a afectar otros valores fundamentales para la sociedad como, por ejemplo, los discursos discriminatorios que se caracterizan por incitar la exclusión, persecución, odio, rechazo o difamación de personas o grupos, ya sea que se exprese a través de palabras o símbolos, incluso, en el ámbito privado; o expresiones que, aun cuando se den en el ámbito del debate político, induzcan a la violencia.
En esos casos, diversos tribunales han resuelto que se trata de manifestaciones contrarias a los fundamentos de la democracia y a los derechos humanos, por lo que no encuentran protección a la luz de la libre expresión.
Reflexionar al respecto, en el contexto de la pandemia que vivimos, cobra especial relevancia, pues el distanciamiento social adoptado para enfrentarla proyectó al internet como vía para el ejercicio pleno de este derecho. Desde el primer caso de COVID-19, el uso de dicho recurso electrónico, especialmente redes sociales, creció exponencialmente tanto para manifestarse como para conocer las coberturas de los medios de comunicación, las opiniones, imágenes y videos suministrados por la sociedad, sobre ese y otros temas de interés público.
Sin duda, esa información tiene un impacto importante tanto en nuestra concepción de la realidad como en la toma de decisiones, lo cual justifica un mínimo de conciencia sobre que, por su trascendencia social y política, la libre expresión también demanda de la ciudadanía un ejercicio responsable y ético.
Si coincidimos en que merecemos un mejor país, coadyuvemos desde nuestra esfera individual a ese fin, informándonos, manifestándonos y hasta exigiendo, siempre con justicia y respeto al derecho de los demás. Recordemos que la democracia se construye por y para todas las personas.