Instituciones y opinión pública
José Lumbreras García
Artículo publicado en la página 8 de El Sol de Tlaxcala el día 18 de agosto de 2020
A través de sus instituciones, los estados administran la cosa pública, regulan la actuación del gobierno y organizan la convivencia social. El Estado Mexicano tiene sustento en sus instituciones.
Las mismas se han construido de acuerdo con las necesidades de los diferentes momentos históricos, políticos e ideológicos que ha vivido nuestro pueblo y que han hecho indispensable la diversificación en el ejercicio del poder público y la atención de las nuevas realidades.
Las instituciones se conforman por la ciudadanía, esto es, se integran por el mismo pueblo al que está dirigido su actuar. Asimismo, normalmente, estas tienen una renovación periódica.
Al ser las instituciones del estado formadas por seres humanos, por consecuencia lógica, sus acciones pueden generar acuerdo o desacuerdo del resto de los integrantes de la comunidad, aun cuando su actuar sea normado por las reglas que estén dispuestas para el mejor servicio y consecución de sus objetivos.
Esa aprobación o discrepancia, normalmente se externa por la ciudadanía interesada cuando se tiene un resultado del actuar de las instituciones; esto es, cuando se ha tenido un acto que impacta de alguna forma en la opinión pública.
Pero, en ocasiones, también se tiene de manera previa a tales actos o resultados; esto es, se comienza a opinar antes de que la institución correspondiente ejerza sus facultades, en la espera de un determinado efecto.
Esto, de suyo es plausible, porque es producto de una ciudadanía participativa y atenta de los asuntos de interés común, la cual, generalmente, busca que algún tema en específico tenga un efecto benéfico para la sociedad.
Además, no debe perderse de vista que ese es precisamente el bien jurídico que protege el derecho fundamental a la libertad de expresión, el derecho de opinar e incluso de difundir lo que sabemos, siempre que esto sea dentro de los márgenes legales.
Pero el emitir posturas implica una responsabilidad de orden social, porque se puede tener la oportunidad de crear opinión pública, que puede ser debidamente informada o, por lo contrario, generarla con tendencia deliberada hacia el error o hacia la conveniencia propia.
Generar presiones sin sustento o conocimiento del alcance de las facultades de las instituciones puede ocasionarles un desgaste que, sin duda, sería en perjuicio de todos. Algún día podremos necesitar la tutela de algún derecho que nos corresponda y requeriremos del actuar de autoridades que podrían estar mermadas en su prestigio y credibilidad.
No puede haber mejor sociedad sin instituciones fuertes; por ello, si bien podemos y debemos exigir su desempeño con excelencia y apego a la norma, esto debe ser siempre de forma responsable.