Día internacional de las mujeres rurales

* Luis Manuel Muñoz Cuahutle

El Sol de Tlaxcala, Pagina 8, martes 15 de Octubre de 2019

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) abrió para firma en 1979 la “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, la cual, entre otros rubros impuso a los Estados parte, que: “[…] tendrán en cuenta los problemas especiales a que hace frente la mujer rural y el importante papel que desempeña en la supervivencia económica de su familia…”, así como adoptar: […] medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres…”.
De igual manera, en su resolución 62/136, (18-XII-2007), denominada “Mejoramiento de la situación de la mujer en las zonas rurales”, instó a los Estados a que: “asignen mayor importancia al mejoramiento de la situación de las mujeres rurales, incluidas las mujeres indígenas, en sus estrategias de desarrollo nacionales, regionales y mundiales…”, y declaró al 15 de octubre de cada año como el Día Internacional de las Mujeres Rurales, entre las cuales se encuentra la mayoría de las mujeres indígenas.
En México, la población rural e indígena enfrentan severos problemas de pobreza, discriminación y marginación, y al seno de dicha población las mujeres padecen, en mayor grado, las precariedades. Ello, en razón de patrones culturales que si bien no son exclusivos del ámbito rural e indígena, se agravan para las mujeres, quienes tienen que enfrentar una doble y triple desventaja para el caso de las indígenas, respecto a las que habitan zonas urbanas cuando tratan de reclamar sus derechos.
Las desventajas se magnifican cuando no se tiene una comprensión suficiente de la lengua española para conocer y defender sus derechos. Al existir un déficit de mecanismos de defensa legal para las personas que hablan solo en lengua autóctona, la posibilidad de acceso no solo a la justicia, sino a sus derechos más elementales se complica, lo que hace necesario establecer previsiones para hacer efectivos los mandatos del artículo 2 de la Constitución federal. Esta insuficiencia de garantías para las personas indígenas, hacen que las mujeres se encuentren en un grado mayor de vulnerabilidad.
Si bien en el presente año se dio un paso importante en materia de paridad con la reforma al artículo 35 de la Constitución federal, esto no es suficiente para garantizar la erradicación de la discriminación y la violencia en contra de las mujeres, ya que, además de ser necesarias modificaciones a leyes secundarias, es de igual o mayor relevancia implementar acciones en el proceso de educación formal y en la sensibilización de quienes están en edad adulta sobre la obligación de contribuir a la erradicación de todo tipo de conductas que agredan a las mujeres, especialmente de las habitan en zonas rurales y/o son indígenas.
Los órganos jurisdiccionales estamos obligados a juzgar tomando las previsiones necesarias cuando en un litigio se vean afectados derechos de personas indígenas, agregando a la perspectiva intercultural la de género, cuando se involucre el derecho de las mujeres. También estamos obligados a difundir en lenguas originarias el conocimiento de los derechos político-electorales, que son parte de los derechos humanos, así como contribuir de manera preventiva y activa a la erradicación de toda forma de discriminación y violencia contra grupos en condición de vulnerabilidad, en especial cuando se trate de mujeres.
Al respecto, la jurisprudencia electoral señala que la perspectiva de género “es una optimización flexible que procura una participación mayor de mujeres que aquella que se entiende estrictamente en términos cuantitativos”, pues estos podrían limitarlas para acceder a un número de cargos que excedan la paridad en términos cuantitativos, cuando en el contexto particular existan condiciones y argumentos que justifiquen un mayor beneficio para las mujeres, lo que se conoce como acciones afirmativas temporales.

En este contexto, el Tribunal Electoral de Tlaxcala tiene claro su compromiso y actuará siempre en consecuencia, porque al igual que a todos, nos atañe lograr que México sea el lugar justo e incluyente que queremos.