* Luis Manuel Muñoz Cuahutle
El deber de informar
El Sol de Tlaxcala, Página 8 martes 4 de diciembre del 2018
El ejercicio de la función pública trae implícito, para los servidores públicos, el manejo y disposición de recursos públicos, así como la aplicación y cumplimiento de normas jurídicas, cuyos destinatarios finales son los integrantes de todos y cada uno de los grupos que integran la sociedad, razón por la cual el actuar de dichos servidores debe ser transparente y perfectamente observable en todos sus aspectos para los ciudadanos, a través de los medios disponibles hoy en día.
La presentación de informes periódicos está señalada para algunos titulares de instituciones públicas en el marco constitucional, otros solo la tienen mandatada en sus leyes orgánicas, y algunos más no tienen precisado el hacerlo, sin embargo, la acción de informar es un ejercicio democrático insoslayable en toda sociedad que se califique a sí misma como transparente y plural. En este ejercicio los sectores sociales deben participar no solo como espectadores, sino como analistas críticos de lo que contienen los informes institucionales.
Es indudable que esta práctica democrática tiende a generalizarse en todos los niveles del ejercicio de lo público, entendido este como todo aquello en que se ve impactada la vida de los ciudadanos por decisiones de las instituciones públicas, bajo el esquema bipartita de la construcción de un marco constitucional, en el que, la primera parte definida como dogmática, marca los límites que los órganos del Estado no deben transgredir, ya que contienen las garantías y derechos humanos que gozan quienes viven bajo el amparo constitucional, y la segunda que es la parte organizativa, en la que se define el marco de la interacción entre ciudadanos e instituciones públicas.
Lo anterior, no deja duda de que lo público -contrario a las creencias de antaño-, es un concepto muy amplio en el que no puede haber restricciones para que el ciudadano tenga acceso a la información relacionada con el ejercicio de las instituciones creadas por el marco constitucional para salvaguardar y hacer reales sus derechos, ya que el individuo es la razón fundamental de la existencia del Estado mismo, y además su fuente principal de generación de riqueza, ya que constituyen la mano de obra que transforma los capitales de trabajo.
A las obligaciones jurídica y administrativa de informar sobre la gestión pública, deben agregarse otras particulares de cada individuo, que son la obligación ética y la de conciencia al actuar, las cuales pueden resultar incluso más apremiantes para la persona que las legales o administrativas, ya que para quien actúa de buena fe, el juicio de su propia conciencia y el juicio social sobre su desempeño son más determinantes de sus hechos pasados, presentes y futuros, que los que una ley o una norma administrativa pueden exigirle.
Deseable es, que algún día todo aquel que participa en una responsabilidad pública actúe en todo momento guiado por la honestidad, la transparencia, la justicia y la legalidad, pero sobre todo con la vocación de servir a los semejantes guiado por la buena fe, que es la única que puede llegar a construir una sociedad más incluyente y tolerante de todas las distintas formas de interpretar la realidad, en tanto ello llega, comencemos todos por participar de la acción de informar lo público, unos cumpliendo el deber de hacerlo y otros informándose, analizando y debatiendo lo informado.
* Magistrado Presidente del Tribunal Electoral de Tlaxcala